Call Us: (713) 625-9200 | (713) QUANLAW

Follow Us on

Angelique Montano, Sr. Attorney, Interviewed by La Voz

Familias indocumentadas de Dallas se quejan de discriminación en su complejo de apartamentos

Posted on August 27, 2015 | By Alvaro Ortiz

Un grupo de unas 10 familias originarias de países latinoamericanos y donde al menos uno de sus miembros está indocumentado enviaron esta semana al gobierno federal quejas denunciando que la compañía que maneja el complejo de apartamentos donde viven, en la zona norte de Dallas, no les permite renovar sus alquileres por su condición de indocumentados, informó el grupo Texas Organizing Project.

La compañía en cuestión es Knightvest y el complejo de apartamentos se llama Aberdeen at Bellmar. Según declaró a La Voz David Moore, que es miembro de la dirección de la compañía, ésta empezó a manejar el complejo en julio de 2014.

Moore señaló que la norma que han impuesto para los alquileres nuevos o para la renovación de contratos es que los inquilinos prueben que estarán en Estados Unidos de forma legal, desde el punto de vista de estado inmigratorio, durante la duración del contrato de alquiler.

Piden una investigación

Danny Cendejas, uno de los coordinadores de Texas Organizing Project (TOP) en Dallas, precisó que en sus quejas las familias argumentan que están siendo discriminadas por su origen nacional y que el “propósito” de dichas quejas es que el gobierno federal, por medio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), “empiece (una) investigación” y que eventualmente obligue a Knightvest a que “pare” de aplicar el requisito de estado inmigratorio legal.

Moore rebatió que su compañía esté discriminando.  “Eso no es correcto”, aseguró el ejecutivo, quien puntualizó que la legalidad del estado inmigratorio de sus inquilinos es sólo uno de los criterios que usan.

“Lo que estamos intentando hacer es asegurarnos de que hemos hecho una revisión de antecedentes criminales de forma adecuada, una revisión de si ha habido contratos de alquiler incumplidos, si (el potencial inquilino) cumple con los requisitos de ingresos y que sabemos quién está viviendo en nuestras propiedades”, dijo Moore, al enunciar los criterios que aplica su compañía.

“Si no podemos hacer una revisión de antecedentes criminales de la forma adecuada, lo cual no podemos hacer si la persona no está aquí legalmente, entonces no tienen permiso para vivir en la propiedad”, agregó Moore.

Cendejas argumentó que las familias impactadas por la norma de Knightvest han estado viviendo y renovando sus contratos de alquiler durante “mucho tiempo” y que uno de los principales perjuicios de no poder quedarse en ese complejo de apartamentos es que tienen que cambiar de escuela a sus hijos, lo cual dificulta la “estabilidad” que quieren tener en sus vidas.

Discrepancias sobre el impacto

Cendejas y Moore discrepan sobre el impacto de la medida. Mientras que el activista de TOP dice que decenas de familias ya han sido afectadas o pueden serlo, Moore asegura que hasta ahora sólo ha habido tres casos en los que, entre julio de 2014 y agosto de 2015, los inquilinos de un apartamento han tenido que irse del complejo por no tener documentos inmigratorios en regla.

Moore reconoció que la medida en cuestión es una norma decidida por su compañía y no impuesta ni por la ley federal ni por la Asociación de Apartamentos de Texas (TAA). “Ellos no nos obligan a establecer esa regla”, indicó el ejecutivo.

En este sentido, según información  provista por el HUD, la Ley de Justicia en la Vivienda (conocida en inglés como Fair Housing Act) no contempla que el estado inmigratorio de una persona afecte ni sus derechos ni sus responsabilidades como propietario de una vivienda o como inquilino.

Por su parte, David Mintz, vicepresidente para Asuntos Gubernamentales de la TAA, dijo en una declaración escrita que su asociación provee a las compañías que manejan complejos de apartamentos con formularios que, a su vez, estas compañías pueden “modificar en base a sus propias especificaciones”.

“La TAA no tiene una postura sobre si los dueños de una propiedad deberían requerir pruebas de residencia legal (en Estados Unidos) por parte de actuales o potenciales inquilinos”, agregó Mintz en su declaración.

Viabilidad de las quejas

En cuanto a qué posibilidades de éxito tienen las quejas que las familias han enviado al HUD, Richard Alderman, decano del Centro de Leyes del Consumidor de la facultad de Derecho de la Universidad de Houston, considera que no hay muchas.

“En mi opinión, lo que están haciendo”, señaló Alderman en referencia a Knighvest, “no es ilegal, a menos que estén discriminando por el origen nacional, lo cual no parece que sea lo que están haciendo”.

Alderman apostilló que las leyes de Estados Unidos otorgan a los individuos o compañías que alquilan propiedades mucha “discreción” sobre los criterios que aplican para decidir a quién le alquilan.

Por su parte, Angelique Montano, una abogada especializada en inmigración que trabaja para la firma Quan Law Group, con sede en Houston, se mostró de acuerdo en que, a primera vista, las quejas de las familias no dan la impresión de tener muchas oportunidades de éxito dado lo difícil que sería demostrar discriminación por origen nacional cuando resulta que Knightvest está aplicando el requerimiento en disputa a todos sus inquilinos.

Sin embargo, Montano estima que, incluso si Knightvest impone el mismo requisito a todos sus clientes, existe la posibilidad de que el HUD iniciara una investigación si llega a la conclusión de que dicho requisito está teniendo un impacto “dispar” que, en este caso, sería que la mayoría de las personas perjudicadas por el mismo son de origen latinoamericano.

Posted on 03 Sep